CERMIS Autonómicos

"El caso de Rafa es el ejemplo de los recortes de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia", dice el CERMI Asturias

25/04/2013

El vicepresidente del CERMI Asturias, José Luis Crespo, se mostró completamente solidario con el caso desvelado por EL COMERCIO. El de Rafael Funes, el vecino de El Entrego que, pese a tener acreditado el máximo nivel de dependencia -debido a su tetraparesia que le impide el control de sus extremidades- tiene que vivir de la pensión de su padre de 93 años, ya que recibe por toda ayuda 278 euros al mes.

Tal y como cienta "El comercio", José Luis Crespo, presidente, también, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps), afirma que «todo lo que dice Funes es verdad. Se han cargado las ilusiones que generó la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia».

Porque esta norma, que el pasado 23 de abril cumplió cinco años de aplicación, nació para garantizar los derechos de las personas con escasa autonomía personal. Decía la ley aprobada en 2007 que las personas como Rafa Funes tendrían derecho a todo un abanico de servicios -residencia, centro de día, de integración, ayuda a domicilio, teleasistencia, asistente personal- o de prestaciones para procurarse una atención profesional o, en casos excepcionales, para que un familiar les cuide en su casa.

Sin embargo, cinco años después, «nos encontramos con que se ha prohibido la compatibilidad de servicios. Es decir, que quien tenía una plaza residencial y, por ejemplo, centro de día o de integración, tiene que renunciar a uno. Por eso, son muchas las personas con discapacidad que, ahora, se pasan el día en su residencia, porque no pueden ir a ningún sitio», explica Crespo.

El Principado sí se ha comprometido a financiar la compatibilidad de servicios en el caso de quienes utilicen ayuda a domicilio y centro de día, pero ninguno más, con lo que José Luis Crespo tiene claro que «habrá muchas personas que comiencen a renunciar del servicio más prescindible. Los que tienen plaza de residencia, del que les permite salir, porque no van a quedarse sin hogar. Los demás, si quieren seguir con el centro de día, se lo tendrán que pagar».

«Difícil vuelta atrás»

Un dinero que tendrá que salir, como en el caso de Rafael Funes, «como en el de tantos», de los bolsillos «de las familias, porque estas personas no tienen recursos propios». En opinión del vicepresidente del CERMI Asturias, aunque los colectivos de afectados no van a dejar de luchar, «es difícil que volvamos a tener lo que teníamos». Está convencido de que «la situación tiene que cambiar, porque tal y como nos han dejado, estamos muy mal», pero no ve «intención de solucionar el problema que ellos mismos han generado».